
* Reclaman el pago de salarios caídos, por lo menos un millón en cada caso
El alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera sostuvo que la liberación de ex policías implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tiene en jaque financieramente a la administración municipal que encabeza, pues 13 ya reclamaron el pago de un millón de pesos por concepto de salarios caídos, pero la cantidad puede crecer mucho más.
En Chilpancingo, Jaimes Herrera recordó que antes de la liberación de Gilberto López Astudillo “El Gil”, 13 ex policías preventivos municipales demandaron al municipio que encabeza el pago de sus salarios caídos durante casi cinco años, el monto que reclaman es de un millón de pesos cada uno.
Solamente a los ex policías que fueron encarcelados a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el municipio de Iguala debería pagarle 13 millones de pesos, lo que se suma a un adeudo histórico en laudos que representa más de cien millones de pesos.
La mañana del miércoles 4 de setiembre, el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez dio a conocer que al igual que “El Gil”, por lo menos 50 personas más podrían recuperar su libertad.
De esas 50 personas que estarían a punto de abandonar la prisión, el alcalde de Iguala señala que hay un temor fundado de que existan más ex policías en lista, los que también regresarían para reclamar sus salarios caídos.
“Tenemos casi cien millones en laudos laborales, hay casi 90 millones que nos dejó de deuda el gobierno pasado; nos vetó la Comisión Nacional del Agua (CNA) porque no se pagaron los derechos en la administración pasada, tenemos un veto en actividades deportivas porque seis u ocho años un alcalde tampoco comprobó, lo que tenemos es un gran problema”, anotó.
“Nos dicen que muchos de los que van a salir son ex policías, que hay un número importante y la verdad eso nos representa un grave problema” anotó.
Explicó que el ayuntamiento de Iguala no tiene nada en contra de la FGR, pero en el caso de los ex policías, el municipio no los despidió, fue la dependencia federal la que los tomó en sus manos y en consecuencia, es dicho órgano el que se debe hacer cargo de sus afectaciones.
“Nosotros nunca los despedimos, por ley no pueden ser recontratados porque están vetados a pesar de que sean exculpados, pero en el caso de la demanda federal estamos canalizando hacia la FGR, porque fue dicha instancia la que les quitó el trabajo y les generó afectación; Iguala nunca los corrió”, cerró el primer edil.
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