
* Hay por lo menos 8 mil desplazados, así como familiares de victimas de la violencia interesados en el tema
El representante de las familias desplazadas de la Sierra y Montaña baja, Manuel Olivares Hernández consideró que la Secretaría de Gobernación no debe olvidarse de las víctimas que ha generado la confrontación entre las organizaciones criminales, para que el proceso de pacificación del país sea real.
El también director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, cuya sede está ubicada en Chilapa, consideró importante saber desde cuando la SEGOB comenzó a tener diálogos con algunos de los grupos delictivos que operan en la entidad, además de tener claridad de quienes son los que han mostrado interés por entrar a la ruta de la pacificación.
Reconoció que a las víctimas y las organizaciones que las representan les interesa mucho que haya en el estado y el país un proceso de pacificación, pero se debe tener muy claro bajo qué condiciones es que se va a desarrollar.
Por ejemplo, indicó que en el caso de Leonardo Bravo, hay cientos de familias desplazadas de comunidades como Filo de Caballos, los Morros, Campo de Aviación, Camotla, Corralitos, Puentecillas, Polixtepec, Tres Cruces y La Laguna por mencionar algunas.
Para los desplazados de dicha zona, manifestó que el dialogo debe ir acompañado por el repliegue de los civiles armados que permanecen en la zona, la devolución de sus propiedades y establecer un perímetro de seguridad para evitar el regreso de los civiles armados que los sacaron desde noviembre de 2018.
“Sin las condiciones bien establecidas, habría mucho miedo para que los compañeros regresaran a sus casas con el riesgo de una nueva incursión, en la que seguramente habría muchas muertes”, sostuvo.
Agregó que muchas de las viviendas de los desplazados se sabe que están destruidas, por eso es que estén interesados en si habrá un programa encaminado a repararlas.
Como muchos de los desplazados sufrieron el asesinato o la desaparición de uno, en algunos casos varios seres queridos, se debe saber con claridad si lo que ofrecen las autoridades es que no haya castigo para los perpetradores de los delitos, porque eso implica sentar grandes precedentes de impunidad.
Al margen de la reparación de viviendas y la recuperación de enseres robados, también se deben conocer que acciones se van a desarrollar para reactivar la economía.
Manuel Olivares Hernández consideró importante que la SEGOB diga si el dialogo lo tiene con la gente que se encuentra instalada en la Sierra, por ser esta una de las zonas donde se ha generado la mayor cantidad de desplazamientos.
En lo que siempre hizo hincapié, es que en un dialogo de esa naturaleza no se pueden dejar de lado a las víctimas de la violencia.
Sin ir a una revisión a fondo, dijo que durante la última década, en Guerrero se ha registrado el desplazamiento forzado de por lo menos ocho mil personas, una cantidad que admitió, constituye una verdadera crisis humanitaria.
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